MP acusa 9 integrantes de red que movilizó 1.7 t de cocaína

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público presentó acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra nueve presuntos integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos, tenencia ilegal de armas de fuego y otros delitos, desmantelada mediante la Operación Leopardo.

La acusación fue depositada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio (El Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (El Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.

De acuerdo con la investigación, la estructura operaba en diferentes regiones del país y utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos turísticos de la zona este para recibir, almacenar y despachar cargamentos de drogas.

El grupo habría recibido cocaína procedente de Colombia a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá.

MOVIMIENTOS MILLONARIOS

Los análisis financieros realizados por el Ministerio Público identificaron movimientos de fondos superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones, mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos.

La investigación detectó patrones que, según la acusación, son compatibles con operaciones de lavado de activos, entre ellos depósitos fraccionados, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos de efectivo, utilización de terceros y sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas y transferencias mediante el sistema informal hawala.

También se identificaron operaciones con criptomonedas, principalmente USDT mediante la red TRC20.

CASI 1.7 TONELADAS DE COCAINA

Uno de los principales hechos investigados ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcación Lucifer, en las proximidades de Cap Cana.

Posteriormente, el 18 de octubre de 2025, fueron realizados 17 allanamientos simultáneos que permitieron ocupar otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de los cuales se encontraba en el establecimiento comercial Drinks Súper Fría, en San Rafael del Yuma.

En total, ambas operaciones permitieron vincular a la organización con 1,693.42 kilogramos de cocaína, equivalentes a casi 1.7 toneladas.

Según el expediente, Moisés Severino Inirio fungía como principal coordinador logístico; Pedro Luis Cordero Espinal realizaba labores de coordinación internacional y Daniela Sthefany Amancio Olaverría tenía funciones financieras y logísticas.

SOLICITAN DECOMISO BIENES

El Ministerio Público solicitó el decomiso de los activos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas, entre ellos US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, así como una villa de lujo en Cap Cana adquirida mediante una operación de US$820,000.

Entre los bienes identificados figuran además un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo; dos solares en San Antonio de Guerra; un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana; y diversos terrenos e inmuebles en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.

También fueron identificadas las embarcaciones Beto III, Fish On y Lucifer, esta última utilizada para transportar el cargamento de más de una tonelada de cocaína.

El expediente incluye además camionetas, yipetas, motocicletas y otros vehículos; armas de fuego, entre ellas pistolas, escopetas, rifles, un fusil calibre 5.56, cargadores y municiones.

INVESTIGACION CONJUNTA

El Ministerio Público solicitó que la acusación sea admitida, que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes y que, al finalizar el proceso, se ordene el decomiso de los activos vinculados con los hechos imputados.

La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos (DIFLA), con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA).

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