{"id":106682,"date":"2025-07-29T03:47:48","date_gmt":"2025-07-29T07:47:48","guid":{"rendered":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/?p=106682"},"modified":"2025-07-29T03:47:49","modified_gmt":"2025-07-29T07:47:49","slug":"sectores-muestran-oposicion-a-reforma-aprobada-de-ley-225-20-sobre-residuos-solidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/sectores-muestran-oposicion-a-reforma-aprobada-de-ley-225-20-sobre-residuos-solidos\/","title":{"rendered":"Sectores muestran oposici\u00f3n a reforma aprobada de Ley 225-20 sobre Residuos S\u00f3lidos"},"content":{"rendered":"<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignleft size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"533\" data-attachment-id=\"106683\" data-permalink=\"https:\/\/sosuaonline.net\/inicio\/sectores-muestran-oposicion-a-reforma-aprobada-de-ley-225-20-sobre-residuos-solidos\/6887ec92c496d\/\" 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distintos sectores involucrados.<\/p>\n\n\n\n<p>Cristy Luciano, presidenta ejecutiva de Ecored, explic\u00f3 que la reforma debilita principios de buena gobernanza y plantea riesgos de discrecionalidad al permitir la inclusi\u00f3n de personajes con intereses particulares en la toma de decisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abNos preocupa que esta reforma haya sido aprobada en \u00fanica lectura sin incorporar ajustes t\u00e9cnicos fundamentales ni abrir un espacio de di\u00e1logo real con los&nbsp;<strong>sectores involucrados<\/strong>\u00ab, denunci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Se\u00f1al\u00f3 que la disposici\u00f3n consta de graves distorsiones que penalizan de manera injusta a las peque\u00f1as y medianas empresas, afectan a la&nbsp;<strong>libre competencia<\/strong>, crean un monopolio funcional y dejan de lado todos los esfuerzos por consolidar una econom\u00eda circular, frenando el desarrollo de la simbiosis industrial.<\/p>\n\n\n\n<p>Agreg\u00f3 que su dise\u00f1o presenta un problema de sostenibilidad financiera donde, de los m\u00e1s de 8,000 millones de pesos que se estima recaudar en el 2025, cerca de 4,000 millones ser\u00edan destinados al&nbsp;<strong>aumento de tarifas<\/strong>&nbsp;para empresas recolectoras y otros 2,000 millones a los ayuntamientos.<\/p>\n\n\n\n<p>Con esto, m\u00e1s del 75% de los recursos se comprometer\u00edan desde el inicio y quienes recibir\u00edan la mayor parte de esos fondos tendr\u00edan poder de decisi\u00f3n dentro del&nbsp;<strong>fideicomiso<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Acompa\u00f1ada de dem\u00e1s representantes del sector empresarial, industrial y tur\u00edstico del pa\u00eds, inst\u00f3 a detener la promulgaci\u00f3n de la ley y que esta vuelva al&nbsp;<strong>Congreso Nacional&nbsp;<\/strong>para que se integre a un di\u00e1logo con las partes ya mencionadas y sean aplicadas las propuestas pendientes.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre estas, destaca una contribuci\u00f3n especial respaldada por los estudios fiscales y financieros, mecanismos de contrataci\u00f3n abiertos y competitivos, promover el valor, reciclaje y aprovechamiento de residuos, adem\u00e1s de incluir un representante en el&nbsp;<strong>Consejo del Fideicomiso DO Sostenible<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abCreemos que el pa\u00eds necesita una legislaci\u00f3n ambiental moderna, s\u00f3lida y socialmente justa. Por eso, hacemos un llamado respetuoso pero enf\u00e1tico al&nbsp;<strong>Poder Ejecutivo&nbsp;<\/strong>para que revise con detenimiento esta ley antes de su promulgaci\u00f3n, y se abra un nuevo espacio de discusi\u00f3n que ponga por delante el inter\u00e9s colectivo, la institucionalidad y sostenibilidad de la Rep\u00fablica Dominicana\u00bb, manifest\u00f3 la empresaria.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">OTROS SECTORES ALZAN LA VOZ<\/h3>\n\n\n\n<p>En ese sentido, el gremio tur\u00edstico y hotelero manifest\u00f3 su oposici\u00f3n e inconformidad, alertando que la reforma pone en riesgo la&nbsp;<strong>sostenibilidad ambiental<\/strong>, la competitividad del sector y la autonom\u00eda municipal.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre sus inquietudes, resaltaron la inacci\u00f3n del Congreso frente a los efectos adversos que provoca el&nbsp;<strong>sargazo<\/strong>&nbsp;en las costas nacionales, no declar\u00e1ndolo como residuo ni estableciendo su valorizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Ante la posibilidad limitante de que los establecimientos tur\u00edsticos puedan gestionar la valorizaci\u00f3n de sus residuos, acusaron al \u00f3rgano bicameral de afectar su capacidad para cumplir con&nbsp;<strong>est\u00e1ndares internacionales de sostenibilidad&nbsp;<\/strong>y los compromisos ambientales.<\/p>\n\n\n\n<p>La&nbsp;<strong>Asociaci\u00f3n Dominicana de Productores de Cemento Portland<\/strong>&nbsp;(Adocem) destac\u00f3 que dentro del cuerpo de la ley, el art\u00edculo 20 exige a las empresas cementeras a consumir combustible derivados de residuos nacionales en sus hornos afectando a seis empresas productoras a utilizar un insumo inexistente en el pa\u00eds en cuanto a niveles de calidad, cantidad y aprobaci\u00f3n se refieren.<\/p>\n\n\n\n<p>Su directora ejecutiva, Julissa B\u00e1ez, cuestion\u00f3 la constitucionalidad de esta obligaci\u00f3n al atentar contra la libertad de empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Se suma a este reclamo la<strong>&nbsp;Asociaci\u00f3n Nacional de Agencias Distribuidoras de Veh\u00edculos<\/strong>&nbsp;(Anadive), al afirmar que la ley fue aprobada sin atender los reclamos de la comisi\u00f3n y sin procurar un consenso con los actores claves del sector empresarial.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abEn la ley aprobada, y que ahora est\u00e1 en mano del presidente de la Rep\u00fablica, persisten varias inequidades que pudiesen ser corregidas o enmendadas con buena voluntad\u00bb, expuso en un comunicado el presidente de la entidad, C\u00e9sar de los Santos.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, indic\u00f3 de manera precisa que se debe evitar la doble tributaci\u00f3n, pues los veh\u00edculos de motor pagan entre 1% y 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por las emisiones de gases de efecto invernadero relativo al carbono, adem\u00e1s de que las empresas se encargan de la recogida de desechos s\u00f3lidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Calificando que la ley aprobada presenta \u00abun pecado original\u00bb, sostuvo que, de acuerdo a los principios contables, no se pueden grabar los ingresos por venta, pues al momento de realizar las operaciones, las empresas tienen que restar el costo de las mercanc\u00edas, recibiendo solo las utilidades o beneficios brutos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La&nbsp;Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protecci\u00f3n Ambiental&nbsp;(Ecored) advirti\u00f3 que la reciente&nbsp;Ley 225-20 de Gesti\u00f3n Integral y Coprocesamiento de Residuos S\u00f3lidos&nbsp;representa un retroceso en materia de medioambiente y sostenibilidad en el pa\u00eds. Aprobada en primera lectura el pasado 23 de julio por el Senado de la Rep\u00fablica y enviada al&nbsp;Poder Ejecutivo&nbsp;para su promulgaci\u00f3n, la normativa ha creado controversia entre los distintos sectores involucrados. Cristy Luciano, presidenta ejecutiva de Ecored, explic\u00f3 que la reforma debilita principios de buena gobernanza y plantea riesgos de discrecionalidad al permitir la inclusi\u00f3n de personajes con intereses particulares en la toma de decisi\u00f3n. \u00abNos preocupa que esta reforma haya sido aprobada en \u00fanica lectura sin incorporar ajustes t\u00e9cnicos fundamentales ni abrir un espacio de di\u00e1logo real con los&nbsp;sectores involucrados\u00ab, denunci\u00f3. Se\u00f1al\u00f3 que la disposici\u00f3n consta de graves distorsiones que penalizan de manera injusta a las peque\u00f1as y medianas empresas, afectan a la&nbsp;libre competencia, crean un monopolio funcional y dejan de lado todos los esfuerzos por consolidar una econom\u00eda circular, frenando el desarrollo de la simbiosis industrial. Agreg\u00f3 que su dise\u00f1o presenta un problema de sostenibilidad financiera donde, de los m\u00e1s de 8,000 millones de pesos que se estima recaudar en el 2025, cerca de 4,000 millones ser\u00edan destinados al&nbsp;aumento de tarifas&nbsp;para empresas recolectoras y otros 2,000 millones a los ayuntamientos. Con esto, m\u00e1s del 75% de los recursos se comprometer\u00edan desde el inicio y quienes recibir\u00edan la mayor parte de esos fondos tendr\u00edan poder de decisi\u00f3n dentro del&nbsp;fideicomiso. Acompa\u00f1ada de dem\u00e1s representantes del sector empresarial, industrial y tur\u00edstico del pa\u00eds, inst\u00f3 a detener la promulgaci\u00f3n de la ley y que esta vuelva al&nbsp;Congreso Nacional&nbsp;para que se integre a un di\u00e1logo con las partes ya mencionadas y sean aplicadas las propuestas pendientes. Entre estas, destaca una contribuci\u00f3n especial respaldada por los estudios fiscales y financieros, mecanismos de contrataci\u00f3n abiertos y competitivos, promover el valor, reciclaje y aprovechamiento de residuos, adem\u00e1s de incluir un representante en el&nbsp;Consejo del Fideicomiso DO Sostenible. \u00abCreemos que el pa\u00eds necesita una legislaci\u00f3n ambiental moderna, s\u00f3lida y socialmente justa. Por eso, hacemos un llamado respetuoso pero enf\u00e1tico al&nbsp;Poder Ejecutivo&nbsp;para que revise con detenimiento esta ley antes de su promulgaci\u00f3n, y se abra un nuevo espacio de discusi\u00f3n que ponga por delante el inter\u00e9s colectivo, la institucionalidad y sostenibilidad de la Rep\u00fablica Dominicana\u00bb, manifest\u00f3 la empresaria. OTROS SECTORES ALZAN LA VOZ En ese sentido, el gremio tur\u00edstico y hotelero manifest\u00f3 su oposici\u00f3n e inconformidad, alertando que la reforma pone en riesgo la&nbsp;sostenibilidad ambiental, la competitividad del sector y la autonom\u00eda municipal. Entre sus inquietudes, resaltaron la inacci\u00f3n del Congreso frente a los efectos adversos que provoca el&nbsp;sargazo&nbsp;en las costas nacionales, no declar\u00e1ndolo como residuo ni estableciendo su valorizaci\u00f3n. Ante la posibilidad limitante de que los establecimientos tur\u00edsticos puedan gestionar la valorizaci\u00f3n de sus residuos, acusaron al \u00f3rgano bicameral de afectar su capacidad para cumplir con&nbsp;est\u00e1ndares internacionales de sostenibilidad&nbsp;y los compromisos ambientales. La&nbsp;Asociaci\u00f3n Dominicana de Productores de Cemento Portland&nbsp;(Adocem) destac\u00f3 que dentro del cuerpo de la ley, el art\u00edculo 20 exige a las empresas cementeras a consumir combustible derivados de residuos nacionales en sus hornos afectando a seis empresas productoras a utilizar un insumo inexistente en el pa\u00eds en cuanto a niveles de calidad, cantidad y aprobaci\u00f3n se refieren. Su directora ejecutiva, Julissa B\u00e1ez, cuestion\u00f3 la constitucionalidad de esta obligaci\u00f3n al atentar contra la libertad de empresa. Se suma a este reclamo la&nbsp;Asociaci\u00f3n Nacional de Agencias Distribuidoras de Veh\u00edculos&nbsp;(Anadive), al afirmar que la ley fue aprobada sin atender los reclamos de la comisi\u00f3n y sin procurar un consenso con los actores claves del sector empresarial. \u00abEn la ley aprobada, y que ahora est\u00e1 en mano del presidente de la Rep\u00fablica, persisten varias inequidades que pudiesen ser corregidas o enmendadas con buena voluntad\u00bb, expuso en un comunicado el presidente de la entidad, C\u00e9sar de los Santos. As\u00ed, indic\u00f3 de manera precisa que se debe evitar la doble tributaci\u00f3n, pues los veh\u00edculos de motor pagan entre 1% y 3% del valor CIF (costo, seguro y flete) por las emisiones de gases de efecto invernadero relativo al carbono, adem\u00e1s de que las empresas se encargan de la recogida de desechos s\u00f3lidos. 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