Dice libertad de prensa no ha sufrido desmedro

El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP para la República Dominicana aseguró ayer que hasta el momento la libertad de prensa no ha sufrido desmedro significativo en el país, ante todo porque los medios de información operan “sin cortapisas y sin presiones o censuras del gobierno”.

El periodista Miguel Franjul, también director de LISTÍN DIARIO, dijo, sin embargo, que el ejercicio del periodismo en la República Dominicana se ha visto ensombrecido durante el último semestre por una serie de hechos que van desde el asesinato de un periodista y amenazas de muerte contra otros comunicadores.

Al presentar el informe sobre el estado de la libertad de prensa en el país ante la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, Franjul citó el caso de Blas Olivo, un periodista de larga trayectoria que servía como portavoz de la Junta Agroempresarial al momento de ser asesinado de varios balazos el 13 de abril.

También presentó los casos del camarógrafo de Telemicro Canal 5, Domingo Díaz Matos, herido de varios disparos de parte de desconocidos, y el de Celina Suriel, atacada a tiros en una avenida de la capital a principios de julio.

El informe recoge, además, el robo del que fue objeto, a finales de mayo, la residencia del periodista Marino Zapate de la cual le fue sustraída su laptop, y las denuncias de amenazas de muerte hechas por William Rodríguez, del programa “Abriendo la mañana”; Omar Peralta, del programa “60 minutos con Omar”, en la ciudad de San Francisco de Macorís, y Nelson Gutiérrez, directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Según Franjul, esas agresiones contra miembros de la prensa, y otros ciudadanos, ocurrieron en un momento en que ha recrudecido la delincuencia y la violencia criminal en la República Dominicana.

EL INFORME
Informe sobre el estado de la libertad de prensa en la República Dominicana presentado ante la 71 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos, en octubre del 2015.

El asesinato de un periodista por parte de una banda de sicarios, el ataque a tiros de una reportera de televisión y las amenazas de muerte proferidas contra tres comunicadores sociales, han ensombrecido el ejercicio del periodismo en la República Dominicana en el último semestre del 2015.

El periodista Blas Olivo, de larga trayectoria en medios de comunicación, servía como portavoz de una junta agro empresarial privada al momento de ser asesinado de varios balazos el 13 de abril y siete individuos acusados de pertenecer a una banda de sicarios del narcotráfico fueron enviados a prisión por un año. Los siete negaron que hubiesen participado en ese crimen.

No obstante la decisión judicial, persiste en el país una generalizada duda sobre la culpabilidad de los apresados debido a que en el proceso de investigación abierto por la Policía Nacional fueron eliminados dos supuestos líderes de la banda, uno en un tiroteo callejero y otro en una cárcel de seguridad donde cumplía condena de 30 años.

Tanto los familiares de Olivo como distintos sectores afirmaron que la eliminación de esos dos supuestos líderes de la banda tuvo la intención de borrar las huellas que podrían conducir a los verdaderos asesinos.

Por otro lado, personas tipificadas por la Policía como delincuentes penetraron a finales de mayo a la residencia del periodista Marino Zapete, comentarista del programa de televisión El Despertador, que se transmite por el canal 9, para sustraerle su laptop. Uno de los presuntos participantes murió en un enfrentamiento con la Policía y otro se entregó posteriormente. La laptop fue recuperada.

La reportera de televisión, Celina Suriel, fue atacada a tiros por desconocidos en una avenida de la capital dominicana a principios de julio, pero salió ilesa pese a que su vehículo presentaba varias perforaciones de bala.

El camarógrafo de Telemicro Canal 5, Domingo Díaz Matos, fue herido de varios disparos en un ataque perpetrado por desconocidos, mientras que otros tres comunicadores de radio y televisión, William Rodríguez, del programa “Abriendo la mañana”; Omar Peralta, del programa “60 minutos con Omar”, en la ciudad de San Francisco de Macorís, y Nelson Gutiérrez, este último directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, denunciaron haber recibido amenazas de muerte por revelar en sus medios supuestos actos de corrupción en las filas de la Policía Nacional y en la alcaldía de San Francisco de Macorís.

Por otro lado, uno de los acusados del asesinato del camarógrafo Newton González, de la ciudad de Santiago, ocurrido el pasado año 2014, se entregó a las autoridades y espera juicio de fondo. El acusado, identificado como Juan José García, tiene un amplio prontuario delictivo, dijeron las autoridades judiciales.

En su oportunidad, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó estos hechos y reclamó que se llevaran a cabo investigaciones profundas para esclarecerlos.

Las agresiones contra miembros de la prensa y otros ciudadanos se produjeron en un momento en que ha recrudecido la delincuencia y la violencia criminal en la República Dominicana.

Pese a que estos eventos han enlutecido y generado preocupación entre la clase periodística, por la atmósfera de riesgos que tornan cada vez más inseguro su trabajo en medio de la ola delictiva, la libertad de prensa no ha sufrido hasta el momento desmedro significativo alguno en la República Dominicana ya que tanto los diarios impresos o digitales, la radio y la televisión, operan sin cortapisas y sin presiones o censuras del gobierno.

No obstante, para los medios organizados en la Sociedad Dominicana de Diarios resulta inquietante que al cumplirse  dos años y  siete meses de la introducción de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de expresión y difusión del pensamiento que rige desde 1962 y contra varios artículos del Código Penal por ante el Tribunal Constitucional, este máximo órgano del poder del Estado no haya emitido públicamente un fallo sobre esta solicitud que hemos esperado pacientemente.

El expediente, conocido por el pleno del tribunal, quedó en estado de fallo el 21 de junio del 2013 y desde entonces los principales diarios del país han estado bajo la expectativa de que el Tribunal pueda emitir un veredicto concordante con la Constitución dominicana que elimine de cuajo las demoras legislativas que han instituido un sistema de persecución penal de privación de la libertad, inclusive, por los llamados delitos de palabra, que deviene en injusto y que desborda el principio de razonabilidad que consagra la propia Constitución como garantía de los derechos fundamentales.

Miguel Franjul
Vicepresidente de la Comisión de Libertad de prensa para República Dominicana