¿Valió la pena el 4%?

Hace poco más de diez años la sociedad dominicana se lanzó a las calles a reclamar un aumento de la inversión pública en educación. Fruto de esa petición popular, en el año 2013 por primera vez se consignó el 4% del PIB al presupuesto del Ministerio de Educación. Desde entonces, han pasado los años y a pesar de una mayor inversión en el sector, el escaso avance en los aprendizajes de los estudiantes que reflejan diferentes evaluaciones nacionales e internacionales ha llevado a algunos a cuestionar si valió la pena exigir el 4%.

Sin embargo, si hacemos un balance más amplio, podemos concluir que valió la pena.

Primero, el aumento del presupuesto permitió ingresar más de 117,654 estudiantes adicionales al sistema público, incrementando la cobertura de educación primaria en 4.1 puntos porcentuales y la cobertura de secundaria en 24.3 puntos porcentuales. A modo de ejemplo, “antes del 4%” solo 55 de cada 100 adolescentes estaban en las aulas, mientras que en “los años del 4%” la cantidad de jóvenes asistiendo a liceos y politécnicos aumentó a 79 de cada 100.

Segundo, la construcción de más de 17 mil aulas en “los años del 4%” fue un hito sin precedentes, al punto que una de cada tres aulas que hoy en día tiene el país fue construida en el período 2013-2020. Este aumento en la cantidad de aulas no sólo permitió ingresar a más alumnos, sino que era la condición necesaria para implementar la jornada extendida. En el modelo anterior de doble tanda los estudiantes del sistema público pasaban 4 o 5 horas en sus escuelas, mientras que en jornada extendida pasan 8 horas, reciben alimentación y permanecen más tiempo en un espacio seguro.

Tercero, el sueldo de los educadores aumentó significativamente, dignificando una labor fundamental para nuestra sociedad. Gracias al 4%, el salario base del docente de primaria pasó de 26,000 a más de 50,000 pesos, mientras que el salario base del docente de secundaria subió de 34,000 a aproximadamente 59,000 pesos. Mejorar el nivel de vida de los educadores es clave para atraer mayores talentos a las aulas e implementar políticas de mejora del desempeño docente.

Todo lo anteriormente expuesto ha fortalecido la función social del sistema educativo, pues tener los niños, niñas y adolescentes del país en un espacio seguro, proveer la alimentación a estudiantes de escasos recursos y facilitar la inserción laboral de los padres (en especial de las madres solteras), son piezas fundamentales de toda estrategia de disminución de la pobreza y la desigualdad.

Sin embargo, a largo plazo, lo que verdaderamente transforma un país es el desarrollo de las competencias de las futuras generaciones. En consecuencia, es necesario priorizar lo que sigue siendo el talón de aquiles de nuestro sistema educativo: la baja calidad de la enseñanza.

A pesar de años de mayor inversión, los resultados de las pruebas nacionales muestran que los estudiantes salen del bachillerato sabiendo poco más de lo que sabían hace 10 años. De igual forma, nuestro país sigue en el último lugar en las evaluaciones internacionales como PISA y ERCE.

Mirando hacia atrás, es necesario ser autocríticos y reconocer que se cometieron errores. Los retrasos en el inicio de los programas de formación de docentes y directores de excelencia, la sobrecarga de la labor de los profesores en tareas administrativas o la reforma curricular excesivamente ambiciosa, son algunos temas que a futuro se deben evitar.

Pero también es justo reconocer que un sistema tan complejo como el educativo no se reforma en el corto plazo, al punto que ningún país en el mundo ha mostrado incrementos sustanciales en las pruebas estandarizadas en períodos menores a 10 años. Además, mejorar los aprendizajes requiere mucho más que aumentos presupuestarios, se necesitan las reformas institucionales que mejoren la efectividad de la inversión, sobre todo en temas relacionados a docentes y directores.

Por ejemplo, es imprescindible hacer más estricta la regulación de la educación superior relacionada a la formación de maestros y directores de centros, despolitizar el nombramiento de técnicos y directores distritales y regionales, así como evitar que las actividades del sindicato interfieran con el calendario escolar.

Mantener el aumento en el presupuesto público en educación y complementarlo con reformas institucionales y mejores políticas públicas relacionadas al trabajo en el aula, permitirá, más temprano que tarde, obtener los resultados en los aprendizajes de los estudiantes que todos queremos.

Entonces, nos daremos cuenta que invertir el 4% en educación, sin lugar a dudas, fue una lucha social que definitivamente valió la pena.