A casi una década aún no se saben resultados precisos sobre muerte a tiros del fiscal Teódulo Ceballos Peñaló

Por Antonio Heredia.- El próximo 23 de noviembre se cumplirá exactamente 8 años del confuso incidente donde fue asesinado de un tiro en la nuca el procurador fiscal adjunto, Teódulo Ceballos Peñaló, quien fue ultimado en el 2006 durante un presunto operativo en contra de los puntos de drogas en el sector Sosúa Abajo.

A casi diez años de este crimen, ésta es la fecha que todavía se cuestiona el informe rendido por la comisión que investigó el caso, ya que los familiares de Ceballos Peñaló y muchos expertos en el ámbito judicial, han advertido que el resultado de esas indagaciones ordenadas por el entonces  Procurador General de la República; Radhamés Jiménez Peña, en realidad se falsea la realidad de los hechos.

Se recuerda que el día 30 de diciembre del 2006,  Jiménez Peña anunció ante la opinión publica el sometimiento por la muerte del fiscal de Sosúa que por cierto dejó ciertas interrogantes sobre algunos de los involucrados en las indagaciones como es el caso de los Procuradores Adjuntos; Frank Soto y Bolívar Sánchez, quienes conducían las investigaciones contra Ceballos Peñaló y encabezaban el contingente armado que le dio muerte al momento de supuestamente intentar apresarle y este se resistió.

En sus explicaciones que estuvieron caracterizadas por muchos titubeos e imprecisiones ante las preguntas de los periodistas, el doctor Radhamés Jiménez dijo que el fiscal de Sosúa; Teódulo Ceballos Peñaló, fue muerto por un proyectil de una ametralladora P-90, perteneciente a un miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuyo nombre no se reveló, pero a la misma vez presentó al asesinado miembro del Ministerio Público como un “delincuente” ya que supuestamente aparentaba ser una persona de bien, sin embargo, era investigado por extorsión y el supuesto asesinato de un narcotraficante apodado Nonón y por otros hechos vinculados al bajo mundo de las drogas.

Sin embargo, se pudo denotar una tremenda falacia en este informe presentado por la autoridades encabezadas por el entonces procurador Jiménez Peña y los procuradores adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez, quienes afirmaron que en medio de una refriega a tiros el malogrado fiscal Ceballos Peñaló hirió con su arma de reglamento a uno de los oficiales que fueron a apresarlo y que hizo, por lo menos, cinco disparos contra los que fueron a apresarlo, pero según las declaraciones de la joven Teresa Acosta, que acompañaba a Ceballos Peñaló al momento de su muerte y que por lo tanto es el único testigo de lo que ocurrió esa fatídica noche, relató que el funcionario no tuvo tiempo de disparar su arma pues apenas transcurrieron algunos segundos entre la orden de detenerse que recibió el vehículo en el que andaban y la lluvia de balas que se produjo a continuación.

La familia de Ceballos Peñaló representada por el abogado y dirigente nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); doctor César Peña Bonilla, afirmó que se querellaría civilmente contra los miembros de la comisión que investigó su muerte, por considerar que “trataron de enlodarle su imagen, presentándolo ante la opinión pública como un vil delincuente” y este querellamiento abarcaría a los procuradores adjuntos; Frank Soto, Bolívar Sánchez, al Procurador de la Corte de Apelación de Puerto Plata; Félix Álvarez, al suspendido fiscal; Domingo Antonio Belliard, asimismo a los oficiales de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) que actuaron en el operativo que culminó con el crimen contra Ceballos Peñaló.

Herodes Peñaló, Lillian y William Peñaló, hermanos del occiso, dijeron que el informe de la Procuraduría General de la República está lleno de inexactitudes e imputaciones infamantes, por lo cual cuestionaron que el mismo fue elaborado en base al que hizo la comisión que designó el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, la cual estuvo integrada por los abogados Gisela Cueto, Vielka Calderón y Amado José Rosa, procuradores generales adjunta y de las cortes de apelación de Santiago y San Francisco de Macorís.

Una lectura atenta del informe de 22 páginas elaborado por la Comisión Especial de la Procuraduría General de la República que investigó las circunstancias en que murió el fiscal de Sosúa; Teódulo Ceballos Peñaló, deja ciertas interrogantes que nunca pudieron despejar algunas dudas de los involucrados, como es el caso de los Procuradores Adjuntos Frank Soto y Bolívar Sánchez, el primero de ellos hoy miembro de la Suprema Corte de Justicia, quienes conducían las investigaciones contra el funcionario y estuvieron presentes en el momento que la víctima fue asesinado de un tiro en la nunca por un agente de la DNCD cuya identidad aún sigue siendo un secreto de Estado.

En la página 5 de ese informe aparece un testimonio del entonces Procurador Fiscal de Puerto Plata; Domingo Belliard, en el que refiere que tanto Soto como Sánchez le dieron seguridades, ante su advertencia de que Ceballos Peñaló gozaba del aprecio de la comunidad por su trabajo, de que poseían suficientes pruebas para arrestarlo por sus alegadas actividades delictivas ya que a nombre de la Procuraduría General de la República, actuaron en el caso debido a que supuestamente Teódulo Ceballos Peñaló sería sometido a la acción disciplinaria que establece el Estatuto del Ministerio Público, pero nunca se determinó si el asesinado fiscal incurrió en la comisión actos reñidos contra la ley, la moral y el código de ética del Ministerio Público.

Es sumamente vergonzante que la Procuraduría General de la República a una década de ese hecho de sangre, todavía no ha podido demostrar que el fiscal de Sosúa; Teódulo Ceballos Peñaló, incurrió en esas inconductas, ya que hasta el momento solo se ha escuchado una serie de acusaciones de carácter infamante contra el malogrado funcionario que como está muerto no puede defenderse de las graves acusaciones en su contra y que, hasta prueba en contrario, cumplía de manera satisfactoria con sus responsabilidades hasta el momento en que un proyectil de ametralladora perteneciente a un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) le segó la vida.