A prisión acusado de estafar por 1 millón 375 mil pesos a una empresa
Ericsson Martínez Vargas, también conocido como Erison Moisés Martínez Heredia, tendrá que cumplir un año de prisión preventiva tras ser acusado por el Ministerio Público (MP) de ser el cabecilla de una banda de ciber criminalidad que sustrajo un millón 375 mil 200 pesos desde la cuenta bancaria de una empresa.
Al presunto ciberdelincuente se le atribuye la realización de maniobras fraudulentas vulnerando la seguridad bancaria para obtener el acceso a las plataformas digitales de la entidad de intermediación financiera (internet banking), incurriendo en la actividad criminal denominada “spoofing” al realizar la suplantación de identidad de Yadira Mercedes Santana Ramírez, de Inversiones Mayía.
En la supuesta red que encabezaba Ericsson también figuran Ruby O’Neal Martínez Gómez, Ana Nuriely Marte Geraldino y Paola Martínez Vargas, liberados bajo fianza por la jueza de instrucción interina Jenny A. Martínez Rivera, el pasado 7 de marzo.
Los fiscales Warlyn Tavares y Ramón Cabrera demostraron ante el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Romaldy Marcelino, que los ciberatacantes consiguieron acceso a cuentas bancarias con el objetivo de realizar “el pitufeo”, consistente en la transferencia a diferentes y numerosas cuentas en montos y partidas pequeñas, con el fin de perder el rastro del destino final de los valores transferidos ilícitamente.
El juez Romaldy Marcelino impuso la medida de coerción al considerar que se trata de una red que atenta contra la seguridad financiera.
Violación a la Ley
El Ministerio Público calificado el hecho, de manera provisional, como una violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, concomitantemente con los artículos 5, 6, 14, 15, y 17 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
También, como una violación a los artículos 2, numeral 11, artículo 3, numeral, 2, 3, 4, 5, articulo 9, numeral 1, de la ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos.
En ese sentido, plantea que los imputados incurrieron en asociación de malhechores, captación de códigos de acceso, el robo y uso de identidad ajena, el acceso ilícito a sistemas electrónicos, la obtención ilícita de fondos, la estafa a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, y el enriquecimiento ilícito proveniente de delitos electrónicos.