¿Cuánto le cuesta a RD quedarse sin haitianos?

Al menos 180.000 haitianos -de los 458.000 que calcula el gobierno que viven en territorio dominicano- quedaron susceptibles de ser deportados por carecer de documentos, en el marco del nuevo Plan de Regularización de Extranjeros de la República Dominicana.

La nueva medida migratoria, convertida en ley en 2013 tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional (TC), pretende normalizar la situación migratoria y laboral de los ciudadanos de origen extranjero que viven en territorio dominicano, y afecta sobre todo a la población haitiana, que constituye el 87% de los inmigrantes del país.

Y aunque el número de cúantos haitianos viven en República Dominicana varia según las fuentes, hay cifras que coinciden en la importancia que tienen para la economía dominicana, la que podría verse impactada si quedaran sujetos a un proceso de deportación masiva.

Legado de los Duvalier

“Sabemos que es una población extremadamente importante para la economía dominicana, están en construcción, en el área agrícola -donde empezaron, en el turismo y en una buena parte de las empleadas domésticas”, explicó a BBC Mundo el profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida.

El problema no es sólo saber cuántos haitianos hay, sino cuántos tienen documentación en regla, situación que se agravó cuando la decisión del TC dejó a muchos nacidos en territorio dominicano en un limbo sin nacionalidad.

“La presencia de esta población, que antes era de alguna manera invisible porque era sólo agrícola, y que empezó a llegar a propósito por acuerdos bilaterales en el que el gobierno de República Dominicana le pagaba a Papa Doc, y luego a Baby Doc, una cifra importante por braseros”, dice Gamarra en referencia a la era en la que la famila Duvalier dominó la política haitiana (1957-1986), informó BBC.

De acuerdo con datos de la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) de 2012, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), de los 570.000 que trabajan en el sector agrícola, 18% son haitianos; de los 248.000 en la construcción, el 29% es haitiano.

Los haitianos son relevantes también para el comercio (5,4%), la industria hotelera (3,7%) y la manofactura (2,6%).

“La fuerza laboral de República Dominicana ocupa a 3.991.000 de personas, de los cuales el 7% son haitianos“, dice a BBC Mundo el economista dominicano Miguel Ceara Hatton.

Datos del Observatorio del Mercado laboral Dominicano (OMLAD), del Ministerio de Trabajo de República Dominicana, indican que entre 2000 y 2014 el uso de la mano de obra haitiana aumentó en más del 440%, superando a la dominicana, que aumentó sólo un 35%.

“Más baratos”

La relevancia de los haitianos dentro de la base de la economía dominicana se puede explicar por varios factores, quizá el más importante el que sea una mano de obra más barata, precisamente por la informalidad en que se mueve una parte importante de ella.

Según un informe del Banco Mundial (BM) de 2012, los salarios de los haitianos pueden llegar a ser hasta un 40% menores que los de los dominicanos.

“Los salarios de los haitianos son casi todos son del sector informal porque al ser una población indocumentada no se paga seguridad social por ellos”, afirma Ceara Hatton.

En el sector agrícola, contratar un haitiano puede llegar a ser la mitad de lo que cuesta contratar un dominicano, según dice el informe del BM titulado “Haiti y República Dominicana: más que la sima de las partes”.

Aporte económico

No hay una cifra exacta publicada por autoridades de lo que los haitianos le aportan al Producto Interno Bruto, PIB, de República Dominicana, aunque investigaciones independientes han hecho cálculos.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) realizó una investigación complementaria de la ENI 2012, en la que determinó en 2013 que la población haitiana aporta el 5.4% del PIB de República Dominicana.

Eso equivale a US$3.456 millones de los US$64.000 millones del PIB dominicano, estimado por el BM para 2014.

No obstante, del lado de los numerosos críticos dominicanos a la presencia de una comunidad haitiana en su territorio, se dice frecuentemente que la sociedad dominicana incurre en altos costos económicos para suministrar servicios públicos a esta población inmigrante.

El impacto económico de estas medidas migratorias, por supuesto, se sentirán en ambos lados de la frontera.

Los haitianos que trabajan en la porción este de la isla de Hispaniola contribuyen con unos US$ 1.300 millones en remesas enviadas a su país, lo que representa la cuarta parte del PIB de Haití, de acuerdo con los cálculos de Naciones Unidas.

Una cifra notable cuyo descenso puede tener un efecto traumático para la economia más pobre del hemisferio.

“Apátridas” en su tierra

Este miércoles, al cierre del proceso de regularización, las autoridades dominicanas informaron que cerca de 275.000 haitianos presentaron la documentación para normalizar su situación migratoria.

Ahora se abre un lapso de 45 días “de gracia” pàra verificar que los datos aportados sean auténticos.

Los que no se acogieron al plan corren el riesgo de ser detenidos por las fuerzas de seguridad y enviados a “campos de bienvenida” o centros de detención establecidos en varios lugares de la frontera, desde donde serán devueltos a Haití.

El Plan de Regularización se deriva de una sentencia de 2013 del Tribunal Constitucional de República Dominicana que afirma que los “extranjeros en tránsito”, aquellos que no pueden demostrar su estancia legal en el país, pueden obtener un permiso legal de residencia, lo que a su vez facilitaría la adquisición de la nacionalidad a sus hijos.

La decisión del tribunal dejó a miles de hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano en situación ambigua, cuando les fue retirada la nacionalidad dominicana y reemplazada por una tarjeta de residencia el año pasado, lo que para algunos grupos los deja en condición de ápatridas.

La ONU, la Comunidad del Caribe (Caricom), la Unión Europea y Amnistía Internacional, entre otros, han advertido que la medida migratoria pone en riesgo a la población haitiana que por más de un siglo se ha establecido en República Dominicana.