Domínguez Brito aprueba que la Policía use la fuerza

El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, justificó ayer que los agentes policiales utilicen la fuerza cuando sus vidas se vea en peligro.“Cuando vemos que la Policía ve en peligro sus vidas y hay una necesidad del uso de la fuerza, ahí opera una justificación a cada una de esas acciones. Hay que diferenciar el abuso policial y el caso de bandas que han matado diez o quince personas, que enfrentan a la Policía, por lo que la uniformada de modo alguno puede ni debe permitir que ellos mismos mueran”, apuntó.

Puso como ejemplo el caso del coronel Julián Suárez Cordero, muerto de un tiro en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de quien dijo se trataba de un oficial honesto, caído solo porque alguien abusó de lo que son las libertades del sistema democrático de una nación. Domínguez Brito indicó que cuando se comete un exceso policial que no es justificable, en todo caso se hace una investigación y los responsables van a prisión.

Acciones delicuenciales

Manifestó que lo sucedido con el coronel Suárez Cordero y las manifestaciones registradas en San Francisco de Macorís, donde resultaron heridas varias personas que caminaban por la zona, no son protestas y por el contrario las definió  como actos delicuenciales y de vulgar criminalidad que, en modo alguno, puede entenderse como un reclamo justo. Dijo que fueron personas de trabajo las que resultaron lesionadas por los manifestantes.

Brito habló durante un recorrido por la casa de Justicia de La Vega, que auspicia Participación Ciudadana y luego dictó la conferencia “Métodos de resolución alterna de conflictos y acceso a justicia. Aportes a la seguridad ciudadana”.

En el encuentro donde se trató los avances de la casa de justicia y la resolución de conflictos hablaron la fiscal Johanna Reyes, el obispo de La Vega, monseñor Antonio Camilo, el alcalde del municipio, Alexis Pérez; Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, y José Ceballos, encargado del Programa de Justicia y Derechos Ciudadanos de la entidad no partidista.

En otro orden, Francisco Domínguez Brito explicó que tratan de construir un nuevo centro penitenciario en Santiago que permitiría desalojar a los internos que aún permanecen en la fortaleza la Concepción, donde se construirá una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Reconoció que enfrentan algunos inconvenientes, pues de 12 mil reos que tenían, en la actualidad el sistema carcelario supera los 22 mil, lo cual representa un incremento de casi un cien por ciento.

La solución de conflicto en comunidades

En Santiago y Santo Domingo el Ministerio Público recibió 105 mil casos de denuncias entre los residentes en los sectores donde están ubicadas las Casas de Justicia. La fiscal Johanna Reyes, el obispo de La Vega, monseñor Antonio Camilo, el alcalde del municipio, Alexis Pérez, y José Ceballos, encargado del Programa de Justicia y Derechos Ciudadanos de Participación Ciudadana, hablaron de los avances logrados en la resolución de conflictos.