El Gobierno propone crear una nueva empresa pública para el sector eléctrico

Septiembre será el mes en que los distintos sectores representados en el Consejo Económico y Social de la República Dominicana (CES) discutirán a fondo sus propuestas sobre el futuro del sector eléctrico del país, con la esperanza de lograr un consenso, según lo anunciado a principios de agosto por el presidente de ese organismo, monseñor Agripino Núñez Collado.

Pero no será un camino fácil de recorrer en un sector que por décadas ha ido acumulando contradicciones, de las cuales una de las más sensibles es la del papel del Estado en el negocio.

La propuesta del Gobierno colgada en el sitio http://pactoelectrico.do/, organizado por el CES en el inicio del proceso, revela la enormidad de ese reto. El Gobierno, representado por la CDEEE, propone la creación de la Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEDOM), que se encargaría de coordinar las unidades de generación térmica propiedad del Estado, diferente a la EGEHID, y que “actuaría bajo la coordinación y lineamientos de la CDEEE”.

El Gobierno propone, “sobre la base de los acuerdos de ese Pacto”, la formulación y aplicación de un Plan Integral de Desarrollo del Sector Eléctrico 2015—030, y que tenga “como punto focal a la CDEEE”. Pero la CDEEE ejecuta este plan, sobre todo en el área de la generación con la construcción de la central a carbón en Punta Catalina, desde el inicio de la Administración del presidente Danilo Medina, lo que lo convierte en un hecho consumado.

Sobre la sostenibilidad financiera del sector, la propuesta gubernamental incluye “la fijación de topes” de transferencias públicas, lo que sería gestionado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), junto a los ministerio de Hacienda y de Economía.

Pero el papel protagónico que desempeña la CDEEE en el sistema eléctrico es un tema polémico, incluso dentro del mismo Gobierno.

En junio de 2015, el superintendente de Electricidad, Eduardo Quincoces, propuso la eliminación de la CDEEE, y que las empresas estatales de distribución eléctrica, que son EdeEste, EdeSur y EdeNorte, sean vendidas al sector privado, como forma de garantizar su eficiencia económica y gerencial.

Pero la propuesta gubernamental “propone” que la Superintendencia de Electricidad asuma los roles estipulados en el artículo 24 de la Ley General de Electricidad, y que la acreditan “como la autoridad competente para regular y hacer cumplir la regulación por parte de los diferentes agentes del sistema, independientemente de su origen nacional o extranjero o de su naturaleza pública o privada”.

Esta propuesta, que puede parecer insólita, sobre el cumplimiento de una ley que se supone vigente desde el 26 de julio de 2001, retrata de cuerpo entero el principal problema del sistema eléctrico dominicano: que no se cumplen sus normativas, y que el regulador estatal en la práctica difumina sus fronteras entre lo que es la Superintendencia de Electricidad y lo que es la poderosa e imponente CDEEE.

La visión de que “el Estado lo monopoliza todo” y sobre que “no puede ser juez y parte”, confrontada con la idea de que “la energía debe ser propiedad del Estado”, observadas en la Matriz Consolidada que sobre las diversas propuestas publicó el CES, constituyen los puntos de vista e intereses extremos de cuya resolución depende un compromiso social de largo plazo o una continuidad del estancamiento.

Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) considera que “el rol principal del Estado debe ser normativo, fiscalizador y sancionador”, y que en cuanto a agente de mercado “deberá limitarse a las actividades de transmisión de energía y a la generación eléctrica”.

Pero después de casi tres años de una ejecución unilateral de su “Plan Integral”, parece claro que el Estado quiere ser más que un fiscalizador y regulador. Su cuasi monopolio en la distribución eléctrica, y sus inversiones en la generación térmica lo atestiguan.