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La Comisión considera que dos pactos fiscales concedidos por Irlanda a Apple -el primero en 1991 y el segundo en 2007- han «reducido de manera sustancial y artificialmente los impuestos pagados por Apple en el país desde 1991».
No obstante, el Gobierno irlandés tendrá que reclamar el importe que Bruselas calcula que Apple dejó de pagar entre 2003 y 2014 -los citados 13.000 millones de euros- más un interés, dado que la Comisión solo puede aplicar una retroactividad de diez años respecto a la fecha en la que solicitó por primera vez información sobre el caso (2013).
Bruselas sostiene que el tratamiento fiscal ventajoso de Dublín permitió a la empresa eludir el pago de impuestos sobre la mayor parte de sus beneficios generados por la venta de productos Apple en todo el mercado único europeo, es decir, también en el resto de países miembros.
«Esto se debe a la decisión de Apple de registrar todas sus ventas en Irlanda, en lugar de en los países donde las ventas se efectuaban», recalcó la Comisión.
Dijo que si otros países piden ahora a Apple que pague más impuestos sobre los beneficios generados entre 2003 y 2014 en su territorio, las cantidades se reducirían de los 13.000 millones que debe devolver a Irlanda.
