La tecnología 5G de Costa Rica, un punto de polémica entre Estados Unidos y China

El desarrollo de la red de telecomunicaciones de quinta generación (5G) en Costa Rica se ha convertido en un punto de polémica entre Estados Unidos y China, que esta semana ha tenido un nuevo capítulo con un cruce de declaraciones entre altos funcionarios de ambos países.

Este jueves, la embajada de China en Costa Rica emitió un comunicado en el que califica como «pura mentira» unas declaraciones a medios costarricenses de la asesora adjunta de Seguridad Nacional para Tecnología Cibernética y Emergente en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Anne Neuberger, y del embajador itinerante de Estados Unidos para Ciberespacio y Política Digital, Nathaniel Fick, quienes cuestionaron a China en materia de tecnología y ciberseguridad.

«Las empresas de telecomunicaciones de China operan en países de todo el mundo, incluyendo Costa Rica, en estricta conformidad con las leyes del mercado y el principio de competencia leal. El Gobierno chino nunca ha pedido a ninguna empresa ni ha utilizado los servicios de telecomunicaciones para obtener datos de usuarios o propiedad intelectual clave de otros países», indica el comunicado de la embajada.

La embajada china dijo que Costa Rica es un socio estratégico en Centroamérica y que apoya las relaciones con otros países, pero expresó que se opone a «la intervención de una tercera parte en las relaciones China-Costa Rica» y que «rechaza el trato injusto y discriminatorio contra China».

«Para salvaguardar su propia hegemonía y sus intereses económicos, Estados Unidos no cesa de generalizar el concepto de seguridad nacional. Realiza durante largo tiempo ciberataques, vigilancia y escuchas telefónicas a gran escala, de manera organizada y sin distinción a gobiernos, empresas e individuos extranjeros, incluso a sus aliados”, afirmó la embajada China.

EL ORIGEN DE LA POLÉMICA

La controversia surgió en agosto de 2023 cuando el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, firmó por decreto un reglamento que establece que para participar en los contratos para 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre lucha contra la ciberdelincuencia.

China no es signataria de ese convenio, por lo cual empresas como el gigante chino Huawei quedaron inhabilitadas para concursar.

El reglamento se encuentra suspendido por una medida cautelar del Tribunal Contencioso Administrativo, mientras se analiza el fondo.

A esto se suma la creciente cooperación de Estados Unidos con Costa Rica en materia de ciberseguridad que incluye 25 millones de dólares anunciados a finales de marzo pasado, capacitaciones y otros proyectos de infraestructura digital.

El gobierno costarricense actual del presidente Rodrigo Chaves (2022-2026) ha recibido tres visitas de la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, para anunciar proyectos de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, con un especial énfasis en ciberseguridad.

En cuanto al reglamento para la tecnología 5G, el presidente Chaves y su ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, han sido férreos defensores y lo han justificado en la defensa de la seguridad nacional e incluso con críticas hacia China, país con el que Costa Rica estableció relaciones diplomáticas en 2007.

«El país donde está basado Huawei no tiene un régimen jurídico sólido para prevenir el espionaje. El país donde está basado Huawei obliga a las empresas a pasarle al Estado chino toda la información que pueda requerir. Esto no es contra Huawei, es por nuestra seguridad nacional», manifestó el presidente Chaves el pasado 6 de diciembre.

Según han manifestado por separado Huawei y la embajada China en San José, el Convenio de Budapest se refiere a la persecución de los ciberdelincuentes y no a cuestiones técnicas de ciberseguridad.