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Monopolio en mercado cervecero, ¿una verdad ilegal de la RD?
Posted On 26 Sep 2016
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Santo domingo. ¿Sabía usted que después de la fusión entre la Cervecería Nacional Dominicana (CND) y la AmBev, está pagando nueve pesos con cincuenta y tres centavos más por cada cerveza?
El debate sobre el estudio de Pro Competencia, que revela prácticas desleales y abuso de posición dominante de la Cervecería Nacional Dominicana y a través del cual se determinó que los dominicanos han pagado RD$7,016 millones de más, por año, luego de la fusión con la marca brasileña, es evitado por la cúpula empresarial.
Luego de que la pasada presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), Michelle Cohen, enviara una comunicación al presidente de la CND, Franklin E. León Herbert, con copia al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Rafael Blanco, la agrupación empresarial consideró que las actuaciones de la CNDC serían ilegales de acuerdo a la Ley 42-08. Utilizando la palabra “exclusiva”, aunque la Ley no la menciona, el Conep cita que son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Pro Competencia: “Realizar estudios, trabajos y otras actividades de investigación y divulgación, con el fin de inducir una cultura de la competencia entre los agentes económicos del país”, según lo expresa la legislación en su artículo 33, letra d.
Pero frente a esta respuesta, el economista Pavel Isa, consideró que “abordar el tema de su supuesta ilegalidad es no entrar a discutir el fondo del asunto, es distractivo y evita discutir lo fundamental, que son las prácticas desleales y el abuso de posición dominante”.
El economista explicó a Diario Libre que el informe de Pro Competencia se trata de “un estudio académico, es un análisis que se hace, no es un caso que se está llevando”.
“Es como si la vigencia del Consejo es suficiente como para tapar la verdad y no discutir las ideas. Yo creo que lo que tiene que hacer Pro Competencia es llamar al debate por separado de cada uno de los estudios y divulgarlos y enriquecerlos y armar un debate alrededor de las prácticas desleales tan extendidas en República Dominicana”, expresó el economista.
Manifestó que ahora lo que hay que hacer es lograr que se designe a una persona en la Dirección Ejecutiva de Pro Competencia para que sirva de fiscal o de parte acusadora en los casos.
