PEPCA dice coronel era el cerebro de entramado

La Procuraduría Especiali­zada de Persecución de la Corrupción Administrati­va (PEPCA) estableció que apartándose de sus res­ponsabilidades, miembros del Cuerpo de Seguridad Presidencial y del Cuerpo Especializado de Seguri­dad Turística (Cestur), se dedicaron a sustraer di­nero a través de un sinnú­mero de maniobras frau­dulentas detalladas en la acusación en contra de los involucrados en el caso Coral y Coral 5G.

De acuerdo a la acusa­ción que será conocida por la jueza del Sexto Juz­gado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yani­bet Rivas, los fondos eran sustraídos del dinero dedi­cado a inteligencia, racio­nes alimenticias, combus­tibles y nóminas, además de que la estructura cri­minal sustrajo fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Conforme con el ministe­rio público, el entrama­do societario tenía como principal cerebro financie­ro y administrador de las propiedades al coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, quien fungía como gerente financiero a la vez en el Cestur, Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y posteriormente en el Conani, durante los úl­timos 4 meses del gobierno de Danilo Medina (2016-2020).

Indica que Núñez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente fi­nanciero por sus directores, y adquiere para estas pro­piedades muebles e inmue­bles, además de cubrir los gastos personales y familia­res de estos.

Creación de empresas

Para eso, según la acusa­ción, en concurso con los di­rectores, creó varias empre­sas que aparentaban suplir combustibles, materiales gastables y hacer reparacio­nes, sin embargo, los sopor­tes de esas ventas y servi­cios eran inventados por el equipo que conformaba el departamento financiero de las instituciones.

Aduce que en el presen­te proceso, los acusados de rangos superiores han acu­mulado patrimonios millo­narios sustrayendo dinero del erario en detrimento de la misión de las institucio­nes que dirigieron o para las que trabajaron en la alta ge­rencia.

Considera el ministerio pú­blico que estas conductas, además de ser delito, son actividades que lesionan la calidad de vida y la dig­nidad de miles de oficia­les subalternos y alistados, que día tras día ven como su poder adquisitivo se re­duce y su situación econó­mica, empeora, a causa de salarios que no se corres­ponden con la realidad de las funciones que desempe­ñan.

Sostiene la acusación que las propiedades millonarias que adquirieron los acu­sados ascienden a más de cuatro mil millones de pe­sos, monto que permite te­ner una idea del impacto de esta estructura criminal en el presupuesto de las insti­tuciones afectadas.

Alegan traición

Señala también la instancia de acusación que los impu­tados en el presente proce­so, además de cometer los hechos ilícitos, han traicio­nado la confianza que fue depositada en ellos en sus funciones públicas, condi­ción que se agrava en el ca­so de los miembros de los cuerpos castrenses que ade­más traicionan el uniforme, el rango, a sus compañeros de armas y a la patria que juraron defender.

Detalla que en Cestur, CU­SEP y Conani se asignaron sumas millonarias como partidas mensuales para gastos de operaciones de in­teligencia, combustible, dis­tribución de raciones, entre otros, valores que fueron desviados y utilizados pa­ra gastos personales e in­versiones de los directores y financieros de las institu­ciones estafando al Estado dominicano.

Precisa la acusación que los imputados sustrajeron fon­dos del Estado a través de personas que figuraban en nóminas públicas sin traba­jar y recibían un pago men­sual a cambio de ser pres­tanombres, obtener una pequeña suma de dinero y devolver entre el 80% y el 90% de lo cobrado, cada mes, para ser distribuido entre los miembros de la or­ganización.

Agrega que nombraron per­sonas de confianza en los departamentos de audito­ría, despacho de combusti­ble, almacén, raciones ali­menticias, inteligencia y cuentas por cobrar, a los fi­nes de poder mantener el control de lo que se presen­taba a la Contraloría Gene­ral de la República.

La PEPCA sostiene que tam­bién crearon empresas a nombre de personas rela­cionadas al financiero de estas instituciones para su­puestamente “suplir com­bustibles y materiales gasta­bles”, los cuales nunca eran entregados, realizándose cuadres ficticios para pasar los controles de auditoría y así poder distraer fondos millonarios del Estado.

Conforme a la instancia, los imputados adulteraron ex­pedientes de compras, pa­gos y auditorías, a través del uso de sellos gomígrafos y rúbricas falsificadas, para aparentar licitud en el ma­nejo de los fondos públicos ante la Contraloría General de la República.

También destaca el ministe­rio público que elaboraban informes de gatos, llamados “cuadres”, en los que se evi­dencian el uso personal de los fondos públicos y la re­partición entre los miem­bros del entramado; dicho informe era usado interna­mente, el cual se encuentra repleto de codinomes que individualizan el gasto real del dinero distraído.

Igualmente, el expediente dice que utilizaron militares y policías que se prestaron para supuestamente hacer millonarias transacciones sin justificación de la proce­dencia de los recursos.

Eligieron una sucursal del BR

Sin alertas

Apunta la acusación que eligieron una su­cursal del Banco de Re­servas y su gerente, pa­ra que las transacciones realizadas por estos po­licías y militares nun­ca generaran alertas de Reportes de Transaccio­nes Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano, esto a cam­bio de retribuciones eco­nómicas a favor de la ge­rente de la sucursal.