El fallo, referido a dos casos ocurridos en los estados de California y Massachusetts, supone una victoria para los defensores de la privacidad de los ciudadanos, ante la cual se oponía la necesidad de investigación en un caso criminal.
En la actualidad, la policía puede buscar en cualesquiera que sean los objetos físicos que estén a su alcance y pertenezcan a un detenido, con el objetivo de hallar pruebas incriminatorias.
Sin embargo, los jueces consideraron que la gran cantidad de información personal que pueden almacenar los nuevos teléfonos inteligentes plantea nuevas circunstancias sobre la protección de la privacidad del individuo.
“No podemos negar que nuestra decisión de hoy tendrá un impacto en la capacidad de aplicación de la ley para combatir la delincuencia. La privacidad tiene un costo”, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts escribió para la corte.
Uno de los casos a los que se refiere la sentencia se remonta a 2009, cuando un individuo fue detenido por llevar las placas de la matrícula de su automóvil caducadas días después de haber sido tiroteado desde un automóvil en marcha en San Diego (California).
En su inspección, los agentes encontraron dos pistolas que, según se determinó después, se habían usado en el tiroteo.
La policía arrestó al individuo y le confiscó el teléfono móvil que llevaba, inspeccionó los datos sin orden judicial y encontró que era miembro de una pandilla callejera y que había estado cerca del sitio del tiroteo a la hora del ataque.
El individuo fue finalmente condenado por intento de homicidio con el agravante de actividades pandilleras.
El otro caso se inició en Boston en septiembre de 2007, cuando la policía detuvo a Brima Wurie por vender drogas a otro individuo, y en la estación policial le confiscaron dos teléfonos celulares.
La policía, sin orden judicial, revisó los datos del teléfono y los registros de llamadas, lo cual condujo a una residencia donde se halló crack, marihuana, dinero en efectivo, un arma y municiones.
En ambos casos, los acusados defendieron que la información de sus teléfonos, obtenida sin autorización judicial, no debió usarse en su contra porque se obtuvo en violación de sus derechos.
El fallo del Supremo, sin embargo, indica que los agentes de seguridad aún pueden examinar “los aspectos físicos de un teléfono para asegurarse de que no va a ser utilizado como un arma”.
El alto tribunal explicó que las carcasas de los teléfonos sí serán objeto de análisis, ya que pueden contener explosivos o sistemas que puedan potencialmente detonar una bomba.
“Los datos que contiene el teléfono no pueden poner en peligro a nadie”, y la persona detenida no será capaz de “eliminar datos incriminatorios”, por lo que determinaron que sin orden judicial las fuerzas del orden no tendrán derecho a analizar su contenido.
Roberts agregó además que los teléfonos móviles “son ahora una parte tan penetrante de la vida cotidiana que un ser que llegase de Marte podría concluir que son una característica importante de la anatomía humana”.
EFE
