Servicios públicos a la deriva (Cualquiera diría que hablan de CORAAPLATA)
Las graves deficiencias en los servicios públicos que recibe la población “estrangulan” los presupuestos de los dominicanos de todas las capas sociales y provocan trastornos psicosociales con impactos negativos en la salud mental y física. A pesar de que los dominicanos pagan impuestos hasta por comer una menta, el Estado no les retribuye en servicios de agua potable, salud, educación, transporte, energía eléctrica y seguridad ciudadana los montos pagados por concepto de sus compromisos fiscales.
En el 2013, el Gobierno cobró impuestos por RD$372,000 millones. Si el país tiene 10.4 millones de habitantes, cada dominicano hizo una contribución al fisco de RD$37,750, pero ninguno recibió servicios equivalentes a esa cantidad, afirmó el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Caram.
Ricos y pobres están obligados a “descuadrar” sus presupuestos familiares o empresariales con grandes inversiones en servicios que el Estado tiene la obligación de proveerles en la cantidad y con la calidad satisfactorias. Estadísticas recientes indican que sólo el 10.5 por ciento de la población conectada a los sistemas de agua potable recibe un abastecimiento continuo del servicio.
Para abastecerse de agua potable, además de pagar la factura mensual que religiosamente envía el Gobierno, las familias deben construir, con recursos propios, costosas cisterna o pozos tubulares, comprar un tinaco y una bomba que impulse el líquido.
Para llenar la cisterna o el tinaco, los usuarios deben comprar camiones de agua, con una periodicidad que depende del consumo diario de cada familia o negocio.
Francisca Terrero, una ama de casa consultada en Gazcue, afirma que el consumo de energía eléctrica por concepto del uso del tinaco y la cisterna se dispara en su hogar hasta en un 50 por ciento mensual.
Debido a la cuestionable calidad del producto, muchos dominicanos a veces se ven en la necesidad de comprar botellones de agua certificados como potables para cocinar o bañarse.
No menos cuantiosa es la inversión en plantas eléctricas e inversores, para enfrentar las dificultades propias del pésimo servicio energético, con el agravante de que poner a funcionar una planta eléctrica conlleva un costo significativo en combustible. El transporte público es otro dolor de cabeza, con excepción del Metro de Santo Domingo. Los ciudadanos de clase media y media baja están conminados a envolverse en “grandes líos económicos” para comprar un carro de segunda mano, mientras los más pobres aspiran a una motocicleta. De lo contrario, tienen que exponerse a llegar tarde a los centros de trabajo o de estudios, colgando de la puerta de una guagua, con la ropa sucia o rota.
Además de altamente deficiente, el sistema transporte público es excesivamente caro, a pesar de los multimillonarios subsidios gubernamentales que reciben sus operadores. Del 2005 al 2010 el Gobierno pagó más de RD$7,000 millones en subsidio a los sindicatos que operan el transporte de pasajeros. A través del programa Bonogás Chofer, que al mes de diciembre 2012 cuenta con 15,702 afiliados, el Gobierno desembolsa $53,700,840 mensuales. Las principales federaciones de transporte público de pasajeros reciben $3,000,000 de galones de gasoil mensual exentos de impuestos.
Francisca Peguero y Williams Lora, dirigentes de la Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN), denunciaron que los pacientes pobres prefieren morir en sus casas antes que soportar los sufrimientos a que son sometidos en los hospitales públicos.
El Gobierno repite una y otra vez que eliminó la cuota de recuperación en los hospitales, pero los usuarios deben pagar hasta por una aspirina que consuman.
“El personal de enfermería tiene que enfrentar frecuentemente episodios muy críticos, con personas llorando de impotencia, porque cuando van a los hospitales tienen que salir a vender sus pertenencias o buscar prestados para realizarse los estudios y los análisis que el hospital no los hace”, indicaron. “La población está abandonada a su suerte, desprotegida totalmente, nadie es responsable de nada, el sistema Nacional de Salud no está cumpliendo su rol de protección social”, insistieron.
Peguero y Lora consideran que las autoridades devolverían la calidad al sistema hospitalario asignando al ministerio de Salud Pública un presupuesto equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La mala calidad de la educación pública, provoca que los sectores de clase media tengan que recurrir hasta a préstamos bancarios para pagar las crecientes tarifas de los colegios privados.
El año pasado, esos centros notificaron a los padres incrementos de tarifas entre un 5 y un 7 por ciento. La universidad estatal, donde encuentran refugio más de 100 mil jóvenes que no tienen posibilidad de cursar una carrera en las “incosteables” academias privada, tiene déficit de profesores, laboratorios, aulas, butacas y otras recursos indispensables para una enseñanza de calidad.
Mientras, el Gobierno evade cumplir el mandato legislativo de asignar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) una partida anual equivalente al 5 por ciento del Presupuesto Nacional. Este año la Policía Nacional opera con un presupuesto superior a RD$12,711 millones pero, para cuidar sus vidas y propiedades, las familias hace gastos extras en policías privados, cámaras de vigilancias, verjas de hierro, alarmas para viviendas y vehículos y pólizas de seguro contra robo, perros, entre otras alternativas. Esas obligaciones llevan a los dominicanos a excederse en sus gastos muy por encima de sus entradas mensuales y recurrir a opciones crediticias que, como las tarjetas de crédito, tienen a muchos al borde de la desesperación.
En un artículo reciente, el economista Pedro Silverio, vicerrector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Mestra (PUCMM), graficó cómo el fisco “se traga” el 36 por ciento del salario de RD$120,000 mensuales de un empleado de clase media.
El empleado se percató de que “mensualmente le descontaban RD$21,000 por concepto de Impuesto Sobre la Renta. Sus compras en el supermercado eran aproximadamente de RD$32,000 al mes, y pagaban un ITBIS promedio del 10%, para un monto de RD$3,200”.
“Tenía que llenar, cada semana, el tanque de gasolina de su vehículo, para un gasto mensual de RD$12,500, incluyendo los impuestos equivalentes a RD$4,600. Los servicios de comunicaciones (teléfonos, cable, internet, etc.) les representaban unos RD$11,000 mensuales, de los cuales unos RD$3,300 correspondían a impuestos que gravan a ese sector”.
“Visitaba una vez al mes un restaurante, en donde gastaba cerca de RD$9,000, incluyendo unos RD$2,500 por ITBIS y la propina legal. Vive en un apartamento que paga una renta mensual de RD$23,000, y paga RD$12,000 por el servicio doméstico, mientras tiene que pagar US$0.25 por cada kwh de electricidad consumida, para una factura mensual de RD$9,000. Hasta aquí Gerónimo ha calculado que su presión tributaria es del 26%”.
“ Aunque no se trataba de un colegio relativamente caro, tenía que pagar RD$16,000 mensuales por sus dos hijos. Es decir que a la presión tributaria de Gerónimo habría que agregar los RD$12,000 que tiene que gastar por un fallo en las políticas públicas”.
“La presión tributaria de Gerónimo se ha elevado hasta el 36% de sus ingresos. Si usted hace los cálculos verá que Gerónimo opera con un déficit mensual de unos RD$15,000”.
UN APUNTE
Daños a la salud
El siquiatra César Mella afirmó que los dominicanos viven una realidad económica angustiante, que golpea, sobre todo, a los sectores de las capas medias.
“Las urgencias económicas como las tarjetas de crédito amenazantes, las altas tasas de interés de los préstamos bancarios, el poco acceso al crédito, impactan el sosiego del ciudadano común, acercándolo a un nivel de incertidumbre que puede ser factor psicosocial con impacto negativo a la salud, sobre todo la mental”, afirmó.
La frase
“No es cierto que la presión tributaria en RD sea de 13.6 por ciento”
Pedro Silverio
Economista
“En 2013, cada dominicano pagó impuestos por RD$37,750.00”
[FUENTE]
Guillermo Caram
Economista